El magistrado penal Ignacio Colombo presentó una demanda judicial contra las autoridades que examinan y seleccionan jueces. Se trata de un amparo ante la jueza Graciela Moreno, del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2ª Nominación. Arde el conflicto.
Por Dario Illanes
Cuando el joven Salomón fue consagrado rey, sintió temor de gobernar e impartir justicia. Entonces le pidió a Dios sabiduría: “un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo”. Y Dios le respondió: “no pediste riquezas, bienes o gloria, sino que has pedido sabiduría… Entonces, sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloria” Así cuenta la Biblia. Y se da por descontado que para gobernar, legislar y sobre todo para impartir Justicia, es esencial la sabiduría.
Gobernantes y legisladores son elegidos por el pueblo, pero jueces y juezas son examinados y seleccionados por un organismo plural llamado Consejo de la Magistratura. La presidencia la ejerce la ministra de la Corte, Sandra Cristina Bonari Valdés. Luego, el Ejecutivo elige entre los y las mejores tres seleccionados.
Debido a la necesidad de completar cuatro cargos vacantes en dos Salas del Tribunal de Impugnación (instancia superior penal de los Juzgados de Garantías, de Detenidos, de Ejecución y Tribunales de Juicio) el Consejo de la Magistratura convocó a concursos.
Se recibieron más de 50 postulaciones. El Consejo cotejó y calificó los antecedentes. Posteriormente fiscalizó los exámenes escritos. Luego debían ser las entrevistas personales. En estos momentos, todo está suspendido.
Sólo pidió explicaciones
El 15 de noviembre, el juez (penal) de Garantías 2, Ignacio Colombo, pidió explicaciones al Consejo de la Magistratura por las calificaciones a sus exámenes. Empero, “sin amparo legal ni reglamentario suficiente”, presuntamente se le denegó a Colombo su derecho de conocer los criterios de evaluación.
“En mi carácter de concursante, legajo N° 654, me presento con el objeto de impugnar las notas que se han asignado a mis exámenes escritos en los concursos: 272/19 y 285/20. Solicito se revoquen las actos impugnados, por inmotivados, y se proceda a una nueva corrección por parte de un tribunal independiente/técnico integrado por profesionales especialistas en Derecho Penal”, sostiene el extenso escrito presentado por Colombo ante el Consejo de la Magistratura.
Ante las dilaciones de éste organismo, hubo comunicados externos, publicaciones periodísticas, apoyos y repudios, sospechas. Y la renuncia de cuatro postulantes, las juezas Paola Marocco, María Livia Carabajal, Norma Beatriz Vera y Mónica Alejandra Mukdsi.
Demanda judicial
Colombo consideró agotado el procedimiento administrativo/académico. Y presentó amparo ante la jueza Graciela Moreno, del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2ª Nominación.
El proceso contencioso administrativo tiene como finalidad controlar y evitar abusos y arbitrariedades por parte de los organismos del Estado. O sea, proteger los derechos de las personas administradas. Y reparar lesiones o perjuicios sufridos.
Esta sería la tarea de la jueza Graciela Moreno. Desde agosto de 2016 es la titular del Juzgado mencionado. Es catedrática, magister y docente de Derecho Administrativo. Ocupó los cargos de Procurador Fiscal de la Fiscalía de Estado (1992/1998); Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria Legal y Técnica (2007/2011) y abogada consultora de la Fiscalía de Estado (2011/2016)
Indudablemente, todas las miradas están ahora sobre ella. La salud de la Justicia requiere de su sabiduría.
DERECHO A CONOCER
Conocimiento público. Este fue el planteo inicial de Ignacio Colombo en relación a los criterios de evaluación y calificación de los exámenes para la selección de jueces. A tono con este principio, como juez de Garantías de Segunda Nominación, en junio de 2019 fue quien dispuso que la sociedad tenía derecho a conocer las informaciones acerca de la acusación a Lautaro Teruel.