Se sabe que hay funcionarios que usando sus cargos de servidores públicos se enriquecen con fondos de todos. En Salta, 52 personas entre concejales, diputados e intendentes pidieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Complicado será para la Justicia determinar si cometieron delitos penales o faltas éticas.
Una concejal – de un pequeño pueblo salteño – resultó electa a fin del año pasado. Su dieta (sueldo) como funcionaria ronda los 12 mil pesos de bolsillo. Como es madre de familia numerosa, recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH). Haciendo cálculos, se dió cuenta que recibiría más por hijos que como concejal, por lo que presentó la renuncia a su dieta. Luego, cuando se anunció el IFE, lo solicitó, pues la norma establece que no es incompatible con la AUH. Sin embargo, está dentro de los 52 funcionarios salteños que figuran dentro de quienes pidieron el Ingreso Familiar de Emergencia. Por tanto, prima facie, aparece como “corrupta”
En este caso (identidad que reservamos) bien podría caberle la máxima latina y del Derecho Romano, “necessitas caret lege”: “la necesidad carece de ley”. La frase se la conoce popularmente como “La necesidad tiene cara de hereje”
Este ejemplo en absoluto exculpa a personas que, teniendo ingresos, pidieron y/o obtuvieron el IFE. Para muchos/muchas, el dinero otorgado por el Estado Nacional para pobres es apenas el llenado del tanque de nafta de sus 4 x 4.
Entre los casos de funcionarios que pidieron el IFE (peticiones rechazadas por la ANSES) se encuentran el diputado provincial por el departamento Santa Victoria Oeste, Francisco Acosta; el intendente de El Quebrachal, Rolando (Roly) Rojas, y el actual delegado de la ANSES Salta (Sur) Marcos Vera. Los dos primeros aseguran que no solicitaron el subsidio nacional. El tercero, que lo hizo cuando aún no había sido nombrado y en circunstancias que no tenía ingresos en blanco.
Llegar a quien necesita
El escándalo se plantea debido a que, mientras existen quienes cobraron sin necesidad, aún hay pobres que no pudieron recibir el primer subsidio nacional debido a cuestión de datos incorrectos o problemas bancarios.
Norte Social consultó al economista Ernesto Martínez, consultor previsional y director de ANSES Salta hasta 2015. “Por supuesto, está muy mal anotarse por las dudas, pero será complicado para la Justicia determinar si hubo delito o una falta ética”, sostuvo.
“Dos son los problemas de las políticas sociales: que no las reciban quienes la necesitan, o que las obtengan quienes no las necesitan”, describió Martínez. Y agregó: “El mayor mérito del Gobierno Nacional fue haber implementado la mayor y masiva política social contra la pobreza y la indigencia en la Argentina. Se apuntó a la emergencia social, por la pandemia, para los trabajadores en negro, personas que por el virus se quedaron sin trabajo, los monotributistas de las escalas más bajas. Pero indudablemente, con más de 9 millones de beneficiarios en el país, y más de 322 mil en Salta, pueden aparecer muchas fallas”
– Más allá de las malas intenciones, ¿el sistema informático de la ANSES es obsoleto y manipulable?
– Es un sistema muy avanzado, está al mismo nivel que el de la AFIP, por lo que no es obsoleto y dudo que sea facilmente manipulable. Pero funciona con datos, aportados por distintos organismos nacionales y provinciales, y la información suministrada por cada persona. Entonces, si por ejemplo la Provincia de Salta no informó las declaraciones juradas de los funcionarios electos, no van a figurar en ANSES. Lo mismo pasa si una persona no actualizó sus datos personales, y continúa apareciendo en matrimonio y está divorciado, con ingresos antiguos; hay muchas variables…
Fraude
Las hipótesis son robo de identidad, homónimos, manipulación del sistema de ANSES, datos no actualizados por parte de la Provincia, mala fe y necesidad.
El sólo hecho de ser funcionario e inscribirse en una política social dirigida a pobres es una tentativa de fraude al Estado.
Ante la “noticia criminis”, la fiscal provincial Ana Simesen de Bielke como el fiscal federal Ricardo Toranzos iniciaron investigaciones de oficio. Asimismo, en el ámbito político, tanto el gobernador salteño Gustavo Sáenz como el senador nacional por Salta Sergio Leavy repudiaron los hechos. La mayoría de los sospechados pertenecen al oficialismo provincial o al kirchnerismo local.
La Justicia debe determinar entre quienes cobraron efectivamente y aquellos que se inscribieron y fueron rechazados. En ambos casos se deberá comprobar además la autoría del hecho. “Si se anotaron lo hicieron para cobrar, así que ahí hay una tentativa de fraude a la administración pública y los que cobraron será por fraude”, explicó la fiscal Verónica Simesen de Bielke.
Muchos delitos tienen origen en la desesperación, la pobreza, la miseria. “Neccesitas caret lege”, sin embargo, las cárceles están llenas con “ladrones de gallinas”. En el pueblo existe la certeza que los funcionarios ladrones, en lugar de estar presos, gobiernan.
SALVAVIDAS
Los más de $3.200 millones del IFE mensual que la Nación entregó en Salta equivalen alrededor del 60 % de los sueldos mensuales que el gobierno de Salta paga a sus empleados.
RECORD EN POBREZA
En Salta, 322.416 personas son las que perciben el ingreso de 10 mil pesos del IFE, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto. Esto signifca un 24% de la población total de la provincia. A fin de 2019, el INDEC señaló que casi el 46 % de salteñas y salteños están en la pobreza, y que más del 50% se encuentran en la informalidad.