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LAVADO DE DINERO. La Municipalidad de Salta es investigada por evasión tributaria, asociación ilícita y lavado de activos.

LAVADO DE DINERO. La Municipalidad de Salta es investigada por evasión tributaria, asociación ilícita y lavado de activos.

12/03/2019 | Noticia de Salta

Categorías: ARTICULOS | Estado, Economia y Política


Habrá nuevos procedimientos judiciales en la causa de las millonarias “facturas truchas” del municipio capitalino.

La Municipalidad de Salta investigada por presunto lavado de dinero

La Justicia Federal investiga a la Municipalidad de Salta y empresas “fantasmas” por los delitos de “Evasión tributaria”, “Asociación ilícita” y “Lavado de activos (dinero)”. Las penas rondan los catorce años de prisión efectiva. El pasado 14 de enero fueron allanadas las oficinas municipales y secuestradas computadoras.

 

Por Dario Alberto Illanes


Todo comenzó a principio de 2018, cuando la Administración Federal de Ingresos (AFIP) detectó operaciones millonarias entre empresas contratistas de la Municipalidad de Salta y ésta. Inicialmente, las sospechas eran por la probable evasión del pago de impuestos. Las características de las empresas que facturaban al organismo público no se correspondían con las abultadas sumas acreditadas.

El detalle era que las facturas superaban el millón de pesos (más de $1.000.000) Estas cifras movilizaron a los investigadores de la AFIP, siguiendo las indicaciones de la Ley Penal Tributaria (Ley 27.430, de 2017)

A fines de 2018, la AFIP presentó la gravísima denuncia penal al fiscal Federal Ricardo Toranzos. La investigación inicial detallaba “operaciones económicas injustificadas”, con “facturas apócrifas”, las cuales simulaban "operaciones con pagos desproporcionados en relación con el detalle”.

Inédito allanamiento

El 14 de enero de 2019, el funcionario público ordenó el allanamiento al Centro Cívico Municipal -específicamente a la Secretaria de Hacienda y el despacho de su titular, Pablo Gauffin -, como a otros once domicilios particulares y empresas contratistas. Personal de la AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cumplieron las medidas, que incluyeron el secuestro de documentación y las computadoras, entre ellas, la del propio secretario de Hacienda.

Las firmas allanadas fueron las sociedades comerciales SECSa y Arcadio. Y las personas salpicadas con los procedimientos:

El primero, vinculado a la contratista municipal LUSAL (alumbrado público); Giacosa, abogado, ex diputado provincial; Anaquín, idéntica profesión y ex procurador municipal; en tanto que Romero es comerciante y socio de las empresas citadas y de Urkupiña Obras y Servicios SRL.

Millones de pesos

Contando con la documentación y las computadoras secuestradas, la unidad de Investigaciones Tributarias de la AFIP afinó las pesquisas. De acuerdo a la Usina de Información proporcionada por el APOC (sistema informático de la AFIP), se habría confirmado que desde SECSa y Arcadio se emitieron centenares de facturas para el pago de la Municipalidad, por cifras superiores a los quinientos millones de pesos ($ 500.000.000)

Todas las operaciones tendrían el mismo denominador común: las facturaciones aluden a servicios inexistentes.


Nuevos procedimientos

 

Evasión tributaria, asociación ilícita, lavado de dinero. Estos serían los delitos penales que habrían hallado los investigadores tributarios. Y nuevas pistas. Supuestamente, el análisis llegaría al despacho del fiscal Federal Ricardo Toranzos.

Este, tras notificar al juez Federal Julio Leonardo Bavio, ordenaría a partir de la semana próxima otros procedimientos, que podrían significar nuevos allanamientos y secuestros. Luego, serían las testimoniales e indagatorias.

Cárcel efectiva

Los delitos mencionados tienen penas con prisión efectiva. De seis a casi catorce años. Así lo señalan la Ley 27.430 y el Código Penal.
El Artículo 210 de éste último dice: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación”

Por su parte, el Artículo 303, en su primer inciso, determina: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.

El segundo inciso establece: “La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial”






 

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