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Omar Valdéz, padre de Mauricio, el brigadista muerto incendiado

Omar Valdéz, padre de Mauricio, el brigadista muerto incendiado

16/10/2019 | Noticia de Salta

Categorías: DESTACADAS | Crónicas Criminales


Los ex funcionarios de Defensa Civil de Salta se abstuvieron de declarar

EL JUICIO EXPONE GRAVES NEGLIGENCIAS DEL ESTADO

Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Es por la muerte de los cuatro brigadistas, atrapados por el voraz fuego en Guachipas, hace cinco años. Las querellas consideran a los jefes responsables de homicidio culposo; las defensas consideran que las muertes fueron consecuencias de las malas decisiones y acciones de las víctimas, en tanto que para la Fiscalía de Estado todo sería producto de un accid

 


Por órdenes de las autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad de Salta, el lunes 27 de octubre de 2014 seis brigadistas forestales salieron desde la ciudad capital a sofocar un incendio de gran magnitud en las desérticas serranías de Las Juntas, 35 kilómetros al este de Guachipas, en el sur de la provincia.


Ellos fueron el jefe de la cuadrilla, Víctor Ferreyra (37); Mauricio Valdéz (27), Martín Albarracín (27), Matías Vilte (22), Pablo César Rivas, y Esteban Edigio Espinosa.
Sólo los dos últimos regresaron. El martes 28 de octubre, Ferreyra, Valdéz, Albarracín y Vilte murieron en el cerro El Acheral, rodeados por las devoradoras llamas.

Luego de cinco años de reclamar Justicia, los familiares de los jóvenes combatientes contra el fuego pudieron llegar a juicio y escucharon la requisitoria fiscal que acusa al jefe de la Brigada Forestal, Roberto Durnelli; a su par de Protección Ambiental, Víctor César Dagum, y a la autoridad máxima de todos ellos, el ex subsecretario de Defensa Civil, Víctor Jesús de Ola Castro. Sin embargo, pese a que los jóvenes perdieron sus vidas trabajando, la acusación sólo contempla el delito del artículo 248 de Código Penal: “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La pena por esta ofensa penal ronda entre los ocho meses y dos años de prisión. Esta acusación es la que representa en el debate la fiscal Mónica Poma.

La imputación refiere que los funcionarios no cumplieron las normativas vigentes para la temeraria acción encomendada.

Por su parte, la querella (parte acusadora en representación de los familiares de las víctimas), compuesta por los abogados Fernando Teseyra, Marcelo Arancibia y Carlos Humberto Saravia, solicitan que a los ex funcionarios estatales se los juzgue y condene por “homicidio culposo (artículo 84 del Código Penal) debido a que dichas autoridades tomaron y ejecutaron u omitieron decisiones y acciones que desembocaron en las muertes de los cuatro brigadistas. La pena alcanza los cinco años de prisión.

Insólito pedido

El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, tras la lectura de las requisitorias, anunció el martes 15 de octubre el comienzo del debate . En ese momento pidió la palabra el abogado Pablo Agustín Tobío, defensor de Roberto Durnelli. Y dejó a familiares y público boquiabiertos: tras cinco años de impunidad, solicitó la nulidad de todo el proceso judicial. O sea, la suspensión del juicio.

Su pedido se basó en la “incongruencia” de las acusaciones principal y subsidiaria (incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo) por lo que “la defensa se ve privada de la garantias al no saber de que tiene defender a su representado”.
La nulidad planteada fue secundada por sus pares Domingo Vargas y Mario López Escotorín - a cargo de la defensa de Ola Castro - y Ricardo Poclava, defensor de Víctor Dagun.

El juez procedió a consultar a la fiscal Poma, quien dijo que el pedido era “extemporáneo” (fuera de tiempo) por cuanto la requisitoria era conocida desde hacía bastante tiempo atrás. Mucho más duros fueron los quellantes Teseyra y Saravia. “Hace dos años y medio todos conocen la acusación, ¿y las defensas dicen que no saben porqué están acá”, ironizó, indignado, el primero. En tanto, Saravia sostuvo que el pedido de los defensores era “una maniobra dilatoria”, y le endilgó “falta de hidalguía”
Finalmente, el presidente del tribunal dispuso rechazar el pedido de nulidad. Luego, los acusados se abstuvieron de declarar.

Abandonados

Los relatos de los testigos Pablo César Rivas y Esteban Edigio Espinosa - colegas de los brigadistas muertos - dejaron en claro la magnitud del incendio que había tomado decenas de hectáreas en las serranias, la escasez de agua, la incomunicación y falta de aviso de repliegue por parte de Ola Castro y Dagum, quienes observaban el avance de las llamas desde un helicóptero.

Ante los testimonios se evidenciaron las estrategias de las partes. Mientras que las defensas apuntaron a que los testigos hagan recaer la responsabilidad del desigual combate contra el fuego en los brigadistas y su líder Ferreyra, las querellas señalaron la omisión de información meteorológica y de situación por parte de los ex funcionarios. En tanto, los abogados de la Fiscalía de Estado parecieron señalar que las muertes obedecieron a una tragedia accidental.


Sin capacitación

El miércoles 16, dio su testimonio Valeria Soledad Montenegro, querellante y pareja de una de las víctimas. Relató el cambio de vida que tuvo desde que falleció su esposo, tanto psicológico como económico. Manifestó que su esposo había hecho cursos para tratar con el fuego, los cuales “no llegaban a ser capacitaciones, ni siquiera le dieron certificados”. Que él comenzó desmalezando, y que no estaba capacitado para ir a los incendios.

Luego declaró Rosana del Valle Chávez, madre de Vilte. Contó que el día de la tragedia se enteró por los medios de comunicación que había “cuatro bomberos desaparecidos”, aunque no los nombraban como brigadistas. Dijo que “de Defensa Civil me dijeron que me tenía que presentar urgente, y se me vino el mundo abajo”. Manifestó que su hijo estaba de descanso ese día, pero lo llamaron para que se presente en Defensa Civil. Era común que lo llamen cuando estaba de descanso para cubrir a algún compañero.

Explicó que su hijo, que tenía 22 años recién cumplidos, estaba contratado dentro de la menor categoría. Recuerda que le hicieron hacer un curso para apagar incendios chicos. Dijo que a su hijo lo hacían ir a la casa de Dagum (uno de los acusados) para desmalezar.

También se escuchó la declaración de Pablo Daniel Arce, Sergio Ricardo Ayon y Manuel Collado Fortunato, que a la fecha del hecho se desempeñaban como personal contratado para la Oficina de Recuperación y Espacios Públicos.

“Se burlan del dolor”

Omar Valdéz, padre de Mauricio, sostuvo que “los abogados defensores se burlan de nuestro dolor, hace cinco años que venimos pidiendo Justicia por la muerte de nuestros hijos, y ahora, cuando por fin comienza el juicio, salen pidiendo que se anule todo. Es una burla. A ellos habría que hacerles juicio también”





 

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