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LUCHA. Entrevista con Ana Fernández, madre de Cintia.

LUCHA. Entrevista con Ana Fernández, madre de Cintia.

31/12/2019 | Noticia de Salta

Categorías: DESTACADAS | Crónicas Criminales


Crónicas Criminales 2019

LAS SIETE DESTACADAS

Durante 2019, Norte Social (también en el multimedio Punto Uno) reflejó en sus páginas las noticias policiales y judiciales que fueron destacadas. Con un enfoque distintivo, sensible, profesional. Estas son las principales.

 

Por Dario Alberto Illanes

 

JUICIO CINTIA FERNANDEZ


La inquebranteble lucha de una
madre común y extraordinaria



El miércoles 5 de junio, las juezas Norma Beatriz Vera, Paola Marocco y el juez Roberto Lezcano condenaron a Mario Federico Condori, de 39 años a 23 años de prisión por el homicidio de Cintia Fernández, de 23.
La joven fue asesinada el 28 de abril de 2011. Su madre Ana Fernández la encontró muerta el 3 de mayo dentro del departamento de barrio Parque La Vega. Desde aquel momento, la mujer, de modo inquebrantable, comenzó una lucha contra una lucha contra una investigación plagada de irregularidades, ocultamientos y corrupción.

“Corruptela”

Punto Uno publicó una entrevista a Ana Fernández:
- Pocas veces se da un tribunal integrado por dos mujeres (en referencia a la presidenta Norma Vera y Paola Marocco), juzgando a un femicida, pese a que en el momento del crimen el concepto no existía.
- Estoy eternamente agradecida al tribunal y al fiscal Rarmiro Ramos Ossorio, que aplicaron justicia, que demostraron que no estaba equivocada, que esta lucha no es en vano. Fue mi ángel quien me dió la fortaleza de enfrentar al Estado. Y así llegar al momento en que el fiscal me pidió perdón, por la perversidad, por la corruptela judicial y policial que tuve que padecer por el crimen de mi hija. Y gracias a mi abogado, Pedro Garcia Castiella.
- Sin embargo la condena no está firme...
- Estoy preparada. Llegaremos a la Corte de Justicia de Salta, a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana y la Corte Internacional. Sé que Daniel Luna (defensor de Condorí) tiene que justificar lo que le pagan, y l os testigos falsos que pagó... Tenemos muchísimo apoyo, de la gente, de eminencias, del mundo.

La Comisión contra la Impunidad

El 12 de agosto de 2011, Ana Fernández, junto a otros famialiares sufrientes, crearon la “Comisión de Familiares contra la Impunidad”. Esta continua todos los viernes marchando en la Plaza Nueve de Julio. Ana asegura que su hija, como ángel, la motiva para continuar luchando, sea en la Corte de Salta, la de Argentina y el mundo, si es necesario.

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CASO JIMENA SALAS


El viudo sospechoso



El 25 de junio, Nicolás Cajal, quien fuera esposo de Jimena Salas, fue imputado del delito de “encubrimiento agravado”.
Entre las razones, se encuentran: el cadáver entregado doce horas después del asesinato (27 de enero de 2017), para ser cremado. La alarma del hogar desconectada. El cobro de un seguro tras la trágica muerte. Llamadas a las amantes. Junto a las aparentes facilidades otorgadas, desde el comienzo, por el ex fiscal Pablo Paz a Nicolás Cajal. Y en diciembre, las pericias odorífelas (detectadas por perros) dando cuenta que en un maletín hubo dinero y droga.
Sólo la defensa del viudo apunta a la ridícula hipótesis de asesinato en in- tento de robo. Esta dice que dos o tres ladronzuelos, con un caniche en bra- zos como ardid para entrar a la vivienda de la mujer, encerraron a las mellizas de 3 años, y luego de masacrarla con cuarenta y un puñaladas, se fueron sin llevarse nada.

Crimen premeditado

En realidad, la investigación del brutal femicidio de Jimena Salas conduciría a un crimen premeditado. Y este camino señala como sospechoso, entre otros, a la ex pareja de la víctima. Nicolás Cajal está imputado de “encubrimiento agravado”, el cual, de acuerdo al artículo 277 del Código Penal, es el delincuente que “Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos des- aparecer”. La pena, en caso de homicidio, puede llegar a los seis años de prisión. Sin embargo, sugestivamente, en el documento fiscal que determina la imputación de encubrimiento para el viudo, un párrafo afirma: “La calificación puede modificarse... en orden a la participación del imputado en otra figura penal, respecto a la autoría en la comisión del homicidio” Las otras figuras penales, en este asesinato, son la complicidad o la autoría ideológica.

Desde las cenizas

“La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular”, dice el libro de Mateo (21:42) en la Biblia. Bien puede aplicarse a lo ocurrido en el caso Jimena. Lo que el fiscal Pablo Paz desechó fue precisamente lo mismo usado para cuestionar su trabajo e imputar a Nicolás Cajal.
El decreto de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Nro. 1, señala como una de las razones para acusarlo del delito de encubrimiento agravado a “...principalmente la circunstancia de haber convencido a la madre para que se cremara el cuerpo...”
A juicio de los nuevos jefes de la investigación, “hace sospechar que el mismo (Cajal) tenía la intención de ocultar una evidencia importante”. El gerente zonal de Garbarino convenció a Cristina García, madre de Jimena, de pedir el cadáver. Esto fue realizado con una inusitada celeridad: no habían pasado ni doce horas desde su masacre. Posteriormente fue cremado. Muchas evidencias desaparecieron con las cenizas.
Quedan interrogantes por resolver: los motivos de quienes desconectaron la alarma hogareña, en la víspera del femicidio. Como las razones para enviar información judicial a la empresa de seguros “La Caja”. Esto habría permitido, tras la desaparición de Jimena, cobrar una importante prima.


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TRES MENORES DE EDAD ACUSADOS DE HOMICIDIO CALIFICADO POR LA SAÑA Y LA ALEVOSÍA



Sandra Palomo


El sábado 31 de agosto al mediodía, Sandra fue en su camioneta a buscar una torta. El domingo 1 de septiembre, en el camino viejo a Campo Quijano, en inmediaciones del río Arenales, una vecina encontró el cadáver.
La autopsia determinó que murió desangrada por puñaladas.
Poco después, un vecino, de 15 años, detenido y acusado de homicidio calificado por la saña y la alevosía. Y el viernes, a una semana del inicio del espanto, otros dos muchachos de 17 años apresados e imputados como cómplices. Sin señales de robo ni ataque sexual, los móviles del femicidio, desconocidos.
¿Qué motivos pudieron albergar en sus corazones tres adolescentes para verse involucrados en la brutal muerte de una docente jubilada? Este interrogante es la clave para resolver el crimen de Sandra Silvia Palomo.
“Si se confirma una de las líneas de investigación, se van a caer de espaldas; es muy feo, repugnante”, sostuvo, con gesto contrariado, una fuente de la pesquisa. Independientemente del comentario, las pocas evidencias y certezas hasta el momento, de por si son espantosas.

¿Por qué se mata?

Agatha Christie, escritora inglesa de novelas de misterio y policiales, argumentó que se mata por sexo, dinero o ideas.
El estudio de los homicidios sostiene que se asesina por lucro; odio, venganza o resentimiento; por placer; o para ocultar otro crimen.
En la primera categoría se encuadran tanto el homicidio por robo o encargo.
El odio, la venganza o el resentimiento caben tanto para los femicidios cometidos por ex parejas o con vínculos afectivos, como también razones ideológicas.
Sicópatas o perversos sexuales matan por placer.
Mientras que quienes pretenden evitar ser detenidos tras haber cometido algún delito, asesinan para evadir el castigo.
Hasta el momento, para los investigadores y la sociedad, el crimen de Sandra Silvia Palomo constituye un misterio pues los móviles de su muerte no pueden corresponderlos a ninguna de las causas citadas.
Si la intención de matar ya estaba tomada, ¿porque hacerlo a cinco kilómetros de distancia, en el otro extremo de la ciudad, cuando a mucho menos distancia, en la misma zona de Tres Cerritos, hay espacios tan boscosos e inaccesibles como el de los alrededores del Vivero Municipal?
En definitiva, ¿qué hay en la zona posterior a la Sociedad Rural, la antigua calle Gato y Mancha, el barrio Don Emilio? ¿Cuál es la razón por la que, luego de arrojar el cadáver de Palomo, se regresa en la misma camioneta para estacionarla a una cuadra de donde partieron originalmente?
El caso Palomo preocupa gravemente a los investigadores dirigidos por la fiscal María Luján Sodero. Y aterra a la sociedad. En la historia criminal salteña, argentina y mundial hay contadísimos ejemplos de adolescentes asesinos. Que matan con odio, saña, alevosía a una mujer. No por dinero, sin mediar ataque sexual. Y sin remordimientos.


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EL PROCURADOR ABEL CORNEJO Y EL NUEVO CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES (CIF)

Borrón y cuenta nueva en
la investigación de delitos



“Escandalosas”, habría considerado el titular del Ministerio Público Fiscal, Abel Cornejo, las autopsias y procedimientos investigativos de al menos dos casos: Cristian Ezequiel Gallardo y Jorge David “Guri” Farfán. Fueron las gotas que rebalsaron el vaso.
El 1 de septiembre, Cornejo reestructuró el CIF, cuya dirección asumió, ordenó sumarios a las autoridades salientes y pidió al Ejecutivo una nueva ley.
Entonces, Cornejo asumió la dirección del Cuerpo de Investigaciones Fiscales temporalmente, dispuso su reestructuración, designó a la fiscal Ivana Flores como comisionada y abrió sumarios administrativos a los funcionarios anteriores. Asimismo pidió al Ejecutivo Provincial la “urgente” reforma de la Ley 7665 (creación del CIF)

Investigaciones en serio

El proyecto de ley fue enviado a la Legislatura por el anterior gobernador, Juan Manuel Urtubey, y la ley sancionada por las cámaras legislativas fue promulgada por el actual mandatario, Gustavo Sáenz.
La iniciativa fue cuestionada en su paso por la Cámara baja, donde algunos diputados consideraron que el CIF no podía ser dirigido por una de las partes del proceso penal. La ley fue promulgada con el numero 8174, dispuesta a través del decreto Nº 66.
Abel Cornejo, al intervenir el CIF, consideró que “el Cuerpo de Investigaciones Fiscales tiene como misión, esencialmente, asistir a los Fiscales para que estos puedan actuar ante los Jueces reclamando una decisión basada en la verdad, desarrollando su actividad a través de un trabajo multidisciplinario de investigación técnica, científica, criminalística y operativa”.
Los rotundos cambios introducidos por el jefe de los fiscales tuvieron como principales detonantes las muertes violentas de Cristian Ezequiel Gallardo y Jorge David “Guri” Farfán. Estas víctimas estuvieron presentes en la resolución: “existieron nuevos casos que son de público conocimiento para la comunidad salteña que resultan reveladores de la poca eficiencia de las funciones del CIF, lo que incidió directamente en la falta de esclarecimiento de los hechos que requieren una investigación inmediata dificultando con ello la tarea de los fiscales”.

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JUICIO POR LA MUERTE DE LOS 4 BRIGADISTAS


“Triunfó la impunidad”


El viernes 8 de noviembre, el juez Diego Rodríguez Pipino condenó a Víctor César Dagún a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Roberto Durnelli y Víctor Jesús de Ola Castro fueron absueltos. La acusación de homicidio culposo fue rechazada.
Por órdenes de las autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad de Salta, el lunes 27 de octubre de 2014 seis brigadistas forestales salieron desde la ciudad capital a sofocar un incendio de gran magnitud en las desérticas serranías de Las Juntas, 35 kilómetros al este de Guachipas, en el sur de la provincia.
Ellos fueron el jefe de la cuadrilla, Víctor Ferreyra (37); Mauricio Valdéz (27), Martín Albarracín (27), Matías Vilte (22), Pablo César Rivas, y Esteban Edigio Espinosa.
Sólo los dos últimos regresaron. El martes 28 de octubre, Ferreyra, Valdéz, Albarracín y Vilte murieron en el cerro El Acheral, rodeados por las devoradoras llamas.

Paga el Estado

“Hay una paradoja; por la misma base de hechos, el magistrado dicta una condena mínima a sólo uno de los acusados (por Víctor César Dagún), pero por otro lado se reconoce la responsabilidad del Estado y la negligencia de los ex funcionarios, obligando que el Estado provincial indemnice a las familias de las víctimas”, sostuvo tras la sentencia el abogado de la querella, Carlos Humberto Saravia.
El magistrado resolvió que la acción civil sea pagada completamente por el Estado Provincial, quien deberá indemnizar a los familiares de Mauricio Miguel Valdez nueve millones de pesos ($9.000.0000), en tanto que por la muerte de Matías Daniel Vilte, su familia debe recibir seis millones de pesos ($6.000.0000), todo en concepto de reparación por daño material y moral.


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CASO JOSE MARIA GARCIA



El amargo sabor a injusticia


Tras cinco años, el lunes 16 de diciembre el juez de Menores Hugo Fernández Esteban, impuso a Mauro Cabral (hoy de 23 años), la pena de cuatro años de prisión efectiva acusado de intento de homicidio contra José María García, de 26 años. La familia de la víctima, quién se encuentra parapléjico, repudió la sentencia.
El 29 de enero de 2014, Mauro Cabral intentó matar a José María García con un pedazo de concreto. Fue luego del partido entre San Lorenzo y River, jugado en la ciudad de Salta.
Los gemelos José María y Manuel García, de 21 años, caminaban por la avenida Paraguay, exultantes, cantando, por los tres goles que el equipo de San Lorenzo le hizo a River Plate, en el estadio Padre Ernesto Martearena. Aquella noche, los hermanos - junto a un amigo, una joven y un niño - festejaban pacíficamente cuando sintieron insultos y pedradas a sus espaldas.
Provenían de un grupo de alrededor de quince hinchas rojiblancos. Estos los corrieron y alcanzaron a la altura del puente sobre el río Arenales. Cobardemente, sin importarles la inferioridad numérica, la presencia femenina y de un nene, estos violentos los rodearon.
Crueldad, saña, alevosía se expresaron en un cascote de cordón cuneta arrojado a la cabeza de José María. El joven, hoy tiene 26 años y se encuentra postrado en silla de ruedas.

“Impunidad”


“Determinaron cuatro años de prisión efectiva, quedó detenido, pero a nosotros eso no nos alcanza. Lamentablemente como sociedad nos tenemos que acostumbrar a que la Justicia es parcial. Cualquiera haya sido la sentencia no nos iba a devolver a José María porque su cuadro es irreversible”, dijo su hermano Manuel.
Anunció que apelarán la sentencia, “vamos a buscar una más alta, para nosotros cuatro años no alcanza, deja un manto de impunidad”. Del mismo modo se lamentó su Rosa: “como madre para mí esto no es justicia, ellos nos tienen idea de lo que vivimos y mucho menos de cómo está mi hijo”.

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FEMICIDIO Y SUICIDIO EN CERRILLOS

Investigan si la negligencia
policial permitió la tragedia


El 24 de diciembre, la Fiscalía Penal de Cerrillos había ordenado a la Policía protección policial para Liliana del Valle Flores y captura de su ex esposo, agresor y efectivo policial, Edgar Almirón. Si se hubiese hecho lo indicado, hoy tres niños no estarían huérfanos de madre y padre.
A las 3:25 de la madrugada, Liliana del Valle Flores denunció a su ex esposo Edgar Exequiel Almirón, de 31 años por violencia de género. Y amenazarla con su arma de policía. Cuatro horas más tarde, delante de los hijos, fue asesinado de tres disparos. El hombre se suicidió con la misma arma.
Esto a pesar de que la Fiscalía de Cerrillos había ordenado “se implante consigna fija y personal a la damnificada hasta nueva orden”, según consta en las directivas tomadas por personal policial de la subcomisaría de Los Pinares.
A partir de entonces, el Ministerio Público Fiscal investiga aparentes irregularidades en la consigna policial y las órdenes dispuestas. En principio, el sargento al cual “se le escapó la tortuga” y que según sus palabras no se dió cuenta que su colega entró y causó un baño de sangre, le cabría el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según el artículo 248 del Código Penal. La pena oscila entre un mes y dos años de prisión, por lo que es excarcelable. Si se comprueba algo peor, podría ser acusado de encubrimiento. De uno u otro modo, para los hijos de la pareja muerta, la Policía, esto es, el Estado, sería el (I)responsable.

¿Estuvo la consigna?


El resultado de la autopsia a Liliana del Valle Flores determinó que recibió tres proyectiles en su cuerpo. Indudablemente, estas detonaciones se escucharon varias decenas de metros alrededor de la vivienda. Es por esto que no se descarta la ausencia del efectivo en el lugar durante el ataque de Almirón.
Cuando llegó el 911, el policía afectado a la consigna dijo que se encontraba en la puerta del domicilio y que no se percató que Almirón ingresó por la parte posterior y solo se alertó cuando sintió disparos. Aseguró que al ingresar a la vivienda, la mujer ya estaba herida y el agresor se disparó con el arma de fuego.
Sin embargo, ante el fiscal se abstuvo de declarar. Por esto, Gustavo Torres Rubel pidió que se mantenga la detención del único acusado.


 

Fuente de la Información: Diario Punto Uno


 
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