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SOJA. LA PLANTA GENERA MILLONES DE DOLARES, COMO TAMBIEN ENFERMEDADES Y MUERTES.

SOJA. LA PLANTA GENERA MILLONES DE DOLARES, COMO TAMBIEN ENFERMEDADES Y MUERTES.

09/04/2012 | Noticia de Argentina

Categorías: ARTICULOS | Ambiente


Científicos, médicos, pobladores y organizaciones sociales dan testimonio de los mortales o deformantes efectos de los tóxicos usados en la soja.

Los agrotóxicos están ahora en la agenda del Congreso argentino

Pese a los bebés nacidos con deformaciones y los reclamos populares, el proyecto de ley para prohibir el uso de los plaguicidas en los cultivos de soja aún espera su sanción. Los grandes medios no informan la tragedia. Hasta el momento, millones de dólares valen más que los argentinos. Las consecuencias llegan hasta las grandes ciudades.

 

Por Dario Alberto Illanes

“El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostuvo el informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas (ONU), enviado al Estado argentino el año pasado.

El texto hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios: “(El uso de pesticidas) es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible”, dice el informe.

De acuerdo a las víctimas de todo el país, el gobierno nacional y las administraciones provinciales estimulan este tipo de producción, haciendo oídos sordos al reclamo de los pueblos fumigados de restringir inmediatamente las fumigaciones en zonas pobladas, prohibir las criminales fumigaciones aéreas y poner en discusión el sistema de producción agraria en la Argentina.

Por su lado, la Red Universitaria de Ambiente y Salud y la organización de Médicos de Pueblos Fumigados (www.reduas.fcm.unc.edu.ar) comunicó: “después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios”.

Muertes y enfermedades

Los médicos dijeron: “se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes”.

Y agregaron: “cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. se diagnostican con frecuencia en estas áreas”.

“Los pueblos fumigados también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%. La mortalidad por cáncer aumento claramente en estas áreas, siendo éste un fenómeno nuevo, detectado por nuestros colegas desde el año 2000 y no verificado antes. Curiosamente, la fecha coincide con la expansión del consumo de glifosato y otros agroquímicos que son masivamente aplicados en la zona”,  dijeron los médicos reunidos en Córdoba.

“La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda que los pobres del campo, los peones, sus mujeres y niños, son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud. Además, desde el norte de Córdoba y Santa Fé, la mayor parte de los nuevos emprendimientos de agricultura química son concretados por S.A. y pooles de siembra; estos utilizan la vía aérea de fumigación de manera casi generalizada y las dosis de venenos son mucho más alta por las condiciones climáticas y biológicas de la región, las consecuencias las sufren principalmente los pueblos originarios y los campesinos ancestrales”, describieron.

El dinero manda

La tonelada de soja cotizaba en el 2001 a 160 dólares. En marzo de 2012 promedia los 500 dólares. El rendimiento promedio es de 3 a 4 toneladas por hectárea, mientras que los costos de producción rondan los 100 o 150 dólares por hectárea. Esto significa que en el peor de los casos, un productor de soja gana 1350 dólares por hectárea. La rentabilidad es descomunal.

De un total de 300.000 productores rurales en todo el país, 80.000 se dedican a esta agricultura transgénica y química, de ellos 20.000 concentran el 70% de la producción. Son básicamente sociedades anónimas y pooles (grupos empresarios) de siembra que arriendan tierras e invaden territorios de pueblos originarios o de campesinos ancestrales.

En los últimos diez años, la frontera agrícola se ha expandido casi en un 60%, avanzando sobre regiones destinadas a otras producciones, sobre territorios con agricultura familiares y masivamente sobre bosques.

El modelo sojero se trata de una agricultura de monocultivo, química, que utiliza un paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación agrotóxicos.

Debido a la inviabilidad natural del monocultivo, con el fin de sostener la productividad, se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos en un territorio donde conviven con los cultivos transgénicos más de 12 millones de personas.

Los químicos utilizados son todos venenos: los herbicidas, como glifosato, 2.4D o atrazina, están destinados a matar plantas, y los orientados a matar insectos como endosulfán, clorpirifós, dimetoato, tienen efectos fatales en la salud humana. La utilización de estos agrotóxicos viene aumentando exponencialmente desde el año 1990: en ese momento se usaban 30 millones de litros de venenos. En este año se aplican más de 340 millones de litros. En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosato, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 1,5 litros de 2.4D por año. En zonas de Santiago del Estero y Chaco se usan hasta 20 litros de Round Up por hectárea.

Alerta desde el Estado

La Defensoría del Pueblo de la Nación aseguró que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”.

“Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado el año pasado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.

“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, aseguró el informe de la Defensoría, y subrayó: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.

Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.

La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.

En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.

En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida “endosulfán” y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.

También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).

Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”.

También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.

La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.

El informe concluye: “…las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.

Ahora, los senadores nacionales deben decidir.

Más información:
www.ecoportal.net
http://www.apc-suramerica.net/
http://www.google.com.ar/imgres?

Fuente de la Información:


 
 
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