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ACUERDO. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez (izq.) y la ministra de Justicia de Salta, Pamela Caletti.

ACUERDO. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez (izq.) y la ministra de Justicia de Salta, Pamela Caletti.

09/08/2014 | Noticia de Argentina

Categorías: ARTICULOS | Genero


Para evitar problemas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de Salta liberó a Sandra Chaves.

“Humanitario hubiera sido un juicio justo”

Luego de 14 años, 4 meses y 21 días de prisión, la salteña Sandra Chaves recuperó su libertad. Un tribunal la condenó a perpetua al hallarla culpable de matar a su esposo. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó la injusticia de la sentencia, el sexismo y prejuicios de género.

 

“Me condenaron, nos condenaron, junto a mi papá, sin pruebas”, contó Sandra Chaves a Norte Social, en la fría mañana del viernes 8 de agosto. Marcos Chaves, dueño de la casa en el barrio Periodista, nos recibió. El hombre tiene enérgicos 72 años y a los 70, en razón de su edad, se le concedió la prisión domiciliaria. “Esto era lo que más me dolía: yo al menos estaba en mi casa, mientras mi hija estaba en el penal; por eso aceptamos este acuerdo, que el gobierno llama humanitario”, expresó en tono de protesta. Sandra apareció en el living y sonrió con resignación. “Humanitario hubiera sido un juicio justo y demostrar nuestra inocencia”, sostuvo la delgada mujer de 46 años. Tres días atrás, el martes 5 de agosto, dejó atrás las rejas. “Esta es la cuestión de fondo, nuestra inocencia, que no quedó resuelta", remarcó.

Padre e hija fueron condenados a prisión perpetua el 8 de junio de 2001 por el entonces Tribunal de la Cámara III del Crimen, bajo la presidencia del juez Antonio Morosini y los vocales Susana Sálico de Martínez y Alberto Fleming. La durísima sentencia contra los Chaves pareció ser la conclusión judicial por el asesinato de José Antonio González, marido de Sandra, ultimado de dos disparos en la cama matrimonial el 19 de agosto de 1995. En la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja, la mayor de 10 años y el menor de 9. Durante el juicio los niños contaron que vieron a un hombre que escapaba de la casa.

“Los jueces descalificaron los dichos de los hijos bajo el argumento de que ‘los niños viven en un mundo de fantasías y ven una realidad distinta de la de los adultos’ ”, destacó, al diario Página 12, Gustavo Iglesias, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-252319-2014-08-06.html)

De Salta a Washington

Tras la sentencia del Tribunal, Sandra y Marcos Chaves presentaron un recurso de Casación, el cual fue rechazado el 11 de septiembre de 2001. Idéntico proceder, por razones formales –en un caso la negativa obedeció por diez minutos de demora en presentar el expediente- tuvo la Corte de Salta y la Corte Suprema de la Nación.

La última esperanza se encontraba fuera de la Argentina. Los familiares de los condenados llevaron en 2003 el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que el juicio violó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados con raigambre constitucional. Alegaron que la justicia salteña y argentina dejó de lado la presunción de inocencia de los acusados al condenar sólo con indicios, sin pruebas firmes, con abiertos prejuicios sexistas.

Entre estos la presentación refirió que los jueces se basaron para la sentencia en la lencería que usaba Sandra, su sexualidad, los trastornos alimenticios de la mujer –quien padecía de anorexia nerviosa- lo cual la hacía proclive al homicidio, y el concepto de que era una “viuda alegre”. La petición fue acompañada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

La funcionaria argentina fundamentó el pedido ante la violación de los artículos 5, 11, 19 y 24 de la Convención Americana, así como 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 12.2, 16 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1,7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La doctora Martínez argumentó que las condenas se dictaron sin pruebas de cargo, “a partir de supuestos indicios y eventuales hechos que, aún si hubieran sido ciertos, tampoco permitían construir una conclusión condenatoria

Seis años después, el 4 de agosto de 2009, en Washington, la CIDH aceptó la presentación de la familia Chaves contra el Estado Argentino. La declaración abrió una puerta de esperanza para los presos. Sin embargo, los escritos de las partes demoraron el caso cinco años.

“Solución amistosa"

El mismo día que en la Argentina se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo de 2014, a tres cuadras de la Casa Blanca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató en audiencia pública el caso de Sandra Chaves y su padre Marcos por graves violaciones de sus derechos humanos cometidas por parte del Estado argentino y la Provincia de Salta.

Los Chaves fueron representados por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. La ministra de Justicia de Salta, la abogada Pamela Caletti, representó a los demandados.

Según contó Martínez a la agencia de noticias Telam, la funcionaria (salteña) expuso que el fallo que condenó a los Chaves "estaba viciado de prejuicios y estereotipos de género, violando garantías judiciales". Caletti refirió los avances legislativos en materia procesal penal posterior a los hechos del caso, contó acerca de los avances en la perspectiva de género en la justicia salteña y ofreció una “solución amistosa”. Esta sería una conmutación de pena a fin de otorgar la libertad definitiva de los condenados. La propuesta salteña quedó en ser analizada por la Defensoría General de la Nación Argentina y la familia Chaves.

Finalmente, luego de 14 años de prisión, el Gobierno de Salta, la Defensoría Argentina y los Chaves firmaron un acuerdo “amistoso”. Este consistió en una conmutación de las perpetuas. La libertad inmediata y sin restricciones. La firma fue del gobernador Juan Manuel Urtubey. Asimismo, el Estado provincial se comprometió a brindar asistencia médica y psicológica a Sandra Chaves, a su padre, sus hijos; facilitarles los medios para que puedan recibir educación hasta la conclusión de sus estudios superiores técnicos o universitarios y a adoptar medidas efectivas de reinserción, particularmente en el ámbito laboral, en favor de Sandra Chaves. Asimismo, el Gobierno salteño aseguró continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre perspectiva de género en la administración de justicia y la prohibición de discriminación en la justicia.

“Estamos libres. Nadie nos quita el calvario que sufrimos. Ahora queremos que nos reconozcan nuestra inocencia”, aseguró Sandra.


 

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