Desconociendo a la Jefa de la Policía, Norma Morales, y al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, un sector de uniformados reclamó directamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Desde protección sanitaria a incrementos salariales. El malestar podría llegar al paro y el autoacuertalamiento.
La contenida bronca de gran parte de la tropa se expresó, por ahora, en un petitorio a la máxima autoridad del Ejecutivo. El temor de la ciudadanía es que suceda algo similar a la protesta casi sediciosa de la policía bonaerense y el autoacuartelamiento, en Salta, en 2009.
La preocupación gubernamental radica en el quiebre de la cadena de mandos, dejando pintados a superiores; la masividad del enojo y los protagonismos de un mediático abogado, quien se erigió como vocero negociador, y de un exoficial, actual diputado provincial. Ambos aspirantes al Ministerio de Seguridad. Asimismo, el gobierno sabe que la fuerza está dividida si se trata de encarar un paro, y menos acuartelamiento.
El descontento policial es de vieja data. Aumento de salarios, mejora de condiciones laborales, provisión de equipamiento, otorgamiento de viviendas, eliminación de pagos en negro, atención médica oportuna y de calidad, son algunas de las demandas. Las muertes de siete camaradas a causa del virus – consideradas evitables con adecuados servicios médicos – enervaron al máximo los ánimos.
Ellos, y ellas, familiares y colegas, dicen que los dejaron morir. Y que, estando en la primera línea de combate, no los proteguen.
Trasfondo
Las demandas policiales – reconocidas en general como legítimas – son parte del problema. El trasfondo del debate es político. Presiones y juegos de poder.
El petitorio al gobernador significa el ninguneo a un ministro nombrado por el gobernador. Por una parte, el coronel retirado Juan Manuel Pulleiro es un hombre de confianza de Sáenz, quien trabajó para él cuando era intendente de la ciudad de Salta, elegido para el Ejecutivo por convergencias estratégicas. Cuestionar al exsoldado es cuestionar las ideas de Sáenz.
Empero, las presiones políticas provienen de dos personas cercanas al mandatario: el abogado Santiado Pedroza y el diputado provincial Gustavo Orozco. El primero es civil pero tiene vinculaciones familiares y afectivas con la Policía. El legislador, es exoficial de la fuerza. Ambos se posicionan para reemplazar a Pulleiro.
Hay quienes sospechan que la movida policial fue alentada como conveniente excusa para remover al ex militar y optar por alguno de los aspirantes. También se comenta el desagrado por la “representación” de Pedroza y las apetencias de Orozco. Sacar a Pulleiro significaría debilidad. El recambio se daría, más adelante, pero con un ex secretario durante la intendencia de Sáenz. Es civil, especialista en seguridad.
RUIDO CONTROLADO
Si bien los reclamos policiales son compartidos, no hay unamimidad para medidas de fuerza. La tropa está dividida. Esta es la ventaja del gobierno. Los pedidos policiales podrían ser atendidos, de modo escalonado, sin modificar la estructura de mandos, al menos este año.