Lucía Ruiz y otros tres criollos están imputados de robar en una finca del norte salteño. Ella y ellos aseguran que defienden sus tierras para detener los desmontes. El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, junto a las diputadas nacionales (Salta) Alcira Figueroa y Verónica Lía Caliva apoyan a los campesinos.
Según Lucía Ruiz, la causa “está armada a la medida de los empresarios, terratenientes usurpadores y la complicidad del poder político en el Chaco salteño”. De acuerdo a la acusación original, la mañana del 5 de febrero de 2015, en el Puesto San Isidro de la norteña localidad de Coronel Juan Sola, llegaron Lucía Ruiz, Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz para amenazar con armas a cuatro cuidadores, exigiéndoles que se fueran.
La acusación sostiene que en ese lugar los imputados dañaron una camioneta y robaron dinero y pertenencias. Luego, se dirigieron hacia el campamento en la finca La Santafesina y en uno de los caminos internos interceptaron a su supuesto propietario -Federico Alberto Vidizzoni – y con armas de fuego lo amenazaron y dispararon contra la camioneta que conducía. Asimismo, la requisitoria fiscal refiere que los imputados marcharon a otro campamento en el paraje El Simbolarcito, en donde amenazaron a sus ocupantes y robaron herramientas.
Los campesinos acusados cuentan con el apoyo de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, de la Nación y Salta, entre ellos el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y las diputadas nacionales Alcira Figueroa y Verónica Lía Caliva. Se presentaron como “Amicus Curiae” (amigos del tribunal), pidiendo la absolución de Lucía y sus compañeros.
Derechos
Lucía Ruiz es presidenta de la asociación civil ”Unión y Progreso”, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 Salta. Ella y sus compañeros acusados sostienen que en 2015 impidieron el avance de topadoras que iban a desmontar tierras en litigio, las cuales se encuentran protegidas según el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
“Somos juzgados por enfrentarnos a los empresarios y terratenientes en el Chaco salteño”, aseguró Ruiz.
El capataz Bernardo Castellanos, quien radicó la denuncia, habría intervenido por orden de Javier Vidizzoni, empresario dueño de la empresa Doble Z SRL, que se adjudica la tenencia de las tierras en Lote Colonia La Juanita y La Santafesina (en Rivadavia Banda Norte, departamento de Rivadavia), sin embargo no existe propiedad a nombre de esta persona en la zona de conflicto, que figure en la Dirección General de Inmuebles provincial al día de hoy.
“Esta situación comenzó en el año 2010 cuando el terrateniente Vidizzoni entró acá para apoderarse de tierras de pequeños productores de la zona. Nosotros le hicimos frente y en ese entonces me realizaron un pedido de captura, por portación de arma, privación ilegítima de la libertad en esa época me hicieron una causa con pedido de captura”, contó Lucía Ruiz.
El empresario adujo haber comprado derechos provisorios de las tierras. Sin embargo nadie conoce ni a la familia a la que presuntamente le compraron el terreno ni hay constancia de ese hecho.
“AMICUS CURIAE”
El juez Vázquez rechazó la presentación realizada por Pérez Esquivel y apoyada por las diputadas nacionales Figueroa y Caliva para constituirse como “Amicus Curiae”. Esta figura procesal implica el aporte de otros argumentos para enriquecer el debate penal. El juicio comenzó en Tartagal el jueves 27 de mayo y se extenderá hasta el lunes 31, cuando se escucharán los alegatos de la defensora Sarah Esper, su par Gerardo Veliz; la fiscal de Embarcación Gabriela Souto y los querellantes Javier Vidizzoni, Martín Bligaard y Pablo Tobio. El mismo día se dictará el veredicto.