Diez acusados, incluyendo un intendente, otros dirigentes políticos, funcionarios del norte de Salta y empresarios de esta provincia, Mendoza y Buenos Aires. Hay más involucrados de alto rango. Intervienen tres fiscales, locales y federal. Se robaron más de 200 caños. Cada uno cuesta 5 mil dólares. Se vendían desde $ 150 mil. En Salta, Argentina y el mundo.
Algunos los compraron para usarlos como comedereros o aguateros de ganado. Otros, para encauzar riego ilegal. También para obras clandestinas fuera del país.
Todo comenzó en abril con denuncias de pobladores del paraje El Desemboque, en el departamento salteño de Rivadavia. Contaron a la Gendarmería Nacional acerca de un predio en donde se acumulaban gigantes caños de hierro, al lado de un comedor popular. La fuerza federal, junto a la Policía, comprobaron no sólo la existencia, sino que los ductos eran los pertenecientes al gasoducto NEA/ NOA. Fuera de su sitio.
En su momento, la ex Enarsa (actualmente IEASA) informó la inexistencia de autorización para alguna operación de extracción de caños.
Originalmente, el juez federal Gustavo Montoya, a partir de la investigación del fiscal general Eduardo José Villalba, acusó al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Los cargos son robo agravado y fraude a la administración pública. Asimismo, el fiscal amplió la acusación penal por el delito de fraude a la administración pública respecto del intendente del municipio de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el secretario de Hacienda de dicha municipalidad, Fredy Marcelo Céspedes.
Por su parte, el fiscal José Luis Bruno imputó el delito de robo calificado a Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de MyP, ex WeatherFor. Desde Tartagal, el fiscal Marcos Romero acusó a Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez por el delito de robo calificado. También imputó a Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton René Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de la empresa MyP.
Mejor que no hable
Toda la artillería apunta contra el intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado. Sin embargo, éste sería apenas el hilo delgado del megarobo. Más allá de la investigación penal, las responsabilidades llegan mucho más alto. Y no sólo tienen que ver con la identidad partidaria de Padro, sino con aliados – para el delito – de otros signos. “En el mismo lodo, todos manosaos”
Algunos piensan que – “para limpiar la cancha” – lo mejor sería un juicio político al intendente norteño, destituirlo y borrón y cuenta nueva. Empero, otros temen que Padro, acorralado, “de nombres” de los autores intelectuales.
No es casual que abogados renombrados – vinculados a los máximos dirigentes salteños – sin que pongan su firma, sean los operadores de la causa judicial y los entretelones legislativos.
El hecho es que, como dijo el diputado Jesús Ramón Villa, la intervención aún duerme en la Comisión de Legislación General. “La corrupción nunca es ingenua: aquí hubo un plan por detrás”, afirmó el legislador de Rivadavia.
Germán Rallé, titular del bloque justicialista Sáenz Gobernador, sostuvo: “Soy muy respetuoso de las instituciones y por eso sostuve siempre que debíamos dejar actuar al Concejo Deliberante de Aguaray, como poder del Estado con facultades para conformar una comisión investigadora y avanzar con un juicio político. El Concejo ya actúo y no hubo número”. Claro, se borraron.
En tanto, la diputada Cristina Fiore, del bloque Renovador de Salta, expresó: “creemos que es sano dar el debate en la Legislatura”. Y agregó, casi como una obviedad: “Muchas veces la gente siente que la política tapa a la política, por lo que debemos dar muestras claras ante la sociedad de que no hay manto de protección alguno a nivel institucional”
LA CAMPORA
La acusación contra el intendente de Aguaray despierta sospechas acerca de la responsabilidad política del kirchnerismo norteño, cuya cabeza es el senador Sergio Leavy. El referente de la Cámpora Salta y titular de Anses Sur en Salta – sospechado de corrupción con el IFE – Marcos Vera apuntó contra el intendente de Aguaray, Enrique Prado.
TAPADO
El diputado Carlos Zapata sostuvo: “Desde nuestro bloque hemos considerado oportuno el tratamiento del proyecto de intervención que presentó Villa, pero el oficialismo se niega a darle dictamen y a debatirlo”