La mayoría de la droga que se consume en la Argentina ingresa por la provincia de Salta. En el mejor de los casos, se incauta el 10 % de cocaína. El año pasado se quemaron 4.937 kilos de la sustancia. La conexión Salta/Rosario.
El 28 de febrero en Rosario, Patricia Bullrich reiteró su propuesta de sacar a la calle a las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico. “Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Rosario viva bajo la Constitución Nacional y no bajo la ley de ´plata o plomo´, que es la ley narco”, dijo la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri. “El problema es que Orán es la segunda ciudad de Salta y el 80% de su gente vive de distintas formas de contrabando; es una zona que nos preocupa mucho. Se ha retirado el trabajo y la subsistencia es por medio del tráfico ilegal”, describió en 2021 la exministra de Seguridad, Sabina Frederic.
“No hay una línea clara de política de Estado de combate al narcotráfico”, sostuvo por su parte Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro (Buenos Aires) y expareja del fallecido fiscal Alberto Nisman (https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/sandra-arroyo-salgado-el-narcotrafico-ya-esta-en-el-poder-judicial-y-en-el-ministerio-publico-fiscal-por-jorge-fontevecchia.phtml) Salgado demandó una política de Estado para el combate contra el narcotráfico, y advirtió: “siento que el narcotráfico ya está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal”
Asimismo, los trabajadores de la Justicia Federal destacaron el fatal avance del narcotráfico. Y reclamaron que se destinen políticas y más recursos para enfrentarlo. Alertaron sobre los casos de sicariato y la participación de extranjeros en el crimen organizado.
Ausencia
“El tráfico de drogas es favorecido por la permeabilidad de nuestra amplia frontera que se ha convertido en un elemento crítico para la expansión de los carteles internacionales. Como operadores judiciales encargados de la persecución penal vemos que el narcotráfico se ha apoderado prácticamente del norte de la provincia de Salta, en donde se ha comenzado a suplantar al poder del Estado, que brilla por su ausencia en cuanto a seguridad se refiere, existiendo un Estado narco que despliega hechos de violencia para amedrentar a sus rivales, obtener cuantiosas ganancias económicas y sentar el escarmiento que sustente la permanencia y expansión de su negocio ilícito”, difundió en un comunicado la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Los trabajadores judiciales mencionaron la participación de extranjeros en el narcotráfico. “Desde hace tiempo se ha visto la presencia de líderes narcos mexicanos, peruanos, bolivianos y colombianos en nuestro país, que transitan impunes en nuestro territorio… no se hallan haciendo turismo, sino realizando negocios ilegales”
En este sentido, quienes viven en Salta conocen de la actividad de prestamistas colombianos, o locales financiados por ellos para prestar dinero. Conocedores del tema aseguran que, mediante estas transacciones, se “lava” dinero proveniente del narcotráfico.
294 millones de dólares
La semana pasada se presentó, en el Congreso Nacional, un informe sobre la actuación de las distintas fiscalías federales del país durante el año pasado.
En el documento, el fiscal Eduardo Villalba detalló que en 2022, se quemaron en Salta 4.937 kilos de cocaína. Sin embargo, el cotejo de fuentes da cuenta que las incautaciones de esta sustancia ronda alrededor del 10 % de la droga ingresada por la frontera salteña.
A modo estimativo, el kilo de cocaína en Bolivia ronda los U$S 2000. En la frontera llega a U$S 3500. Y a Rosario, U$S 6000.
Un rápido cálculo indicaría entonces que el narcotráfico movilizaría aproximadamente U$S 294 millones de dólares. Al cambio paralelo, significarían más de 110 mil millones de pesos. El presupuesto 2023 del estado salteño es de $ 618.000 millones.
HACE 17 AÑOS
El 18 de septiembre de 2006, la vendedora de huevos Liliana Ledesma denunció – en Salvador Mazza – que los hermanos Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado – ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían “cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas (Sic)”. Tres días después, la mujer fue asesinada de siete puñaladas. En diciembre de 2022, la Justicia Federal de Salta condenó a Reynaldo Delfín Castedo a 16 años de prisión.