“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”. La frase pertenece a Carlos Montesquieu, quien elaboró la teoría de la separación de poderes del Estado. Para el pueblo, la Justicia es su último resguardo. Si no cumple, por acción u omisión, peligra la convivencia social.
Por Dario Illanes
En Salta, a fin del año pasado, el Consejo de la Magistratura convocó a concursos para cubrir cuatro cargos vacantes en el Tribunal de Impugnación. Este es la instancia superior penal de los Juzgados de Garantías, de Detenidos, de Ejecución y Tribunales de Juicio Se recibieron más de 50 postulaciones. El Consejo cotejó y calificó los antecedentes. Posteriormente, evaluó los exámenes escritos.
Lo que hubiera debido ser un rutinario y razonable procedimiento administrativo y académico, derivó en un escándalo. Con sospechas de favoritismos y corrupción. Salpicando incluso a la misma Corte de Justicia de Salta.
Todo comenzó el 10 de noviembre de 2021. El actual juez (penal) de Garantías número 2, Ignacio Colombo – postulante para un cargo en el Tribunal de Impugnación – objetó las calificaciones a sus exámenes, dadas por el Consejo de la Magistratura. Y le reclamó explicaciones de los modos y criterios de evaluación.
“El silencio fue la respuesta del Consejo”, según Colombo. El organismo denegó al concursante su derecho de conocer los criterios de evaluación. El demandó judicialmente.
A la demanda – por otras vías- se le sumaron sospechas, comunicados de letrados, publicaciones periodísticas; apoyos y repudios. Como también la renuncia de otras cuatro postulantes: las juezas Paola Marocco, María Livia Carabajal, Norma Beatriz Vera y Mónica Alejandra Mukdsi.
Foja cero
El pasado lunes 31 de enero, la Jueza del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 3ª Nominación (Distrito Judicial Centro), Lucía Brandan Valy, hizo lugar al recurso de amparo que presentó Ignacio Colombo. La magistrada consideró que hubo “vicios procedimentales” en los concursos del Consejo de la Magistratura. El modo técnico de decir que casi todo estaba mal hecho.
En la sentencia de casi sesenta páginas, Lucía Brandan anuló la calificación de los exámenes escritos. Sostuvo que el Consejo no explicó los criterios de corrección (perjudiciales para Colombo), pese a los insistentes pedidos del concursante. También entendió que se le negaron derechos, en actos “sin fundamentos y por ende arbitrarios” Asimismo destacó que el organismo estuvo incorrectamente integrado, puesto que no contó con la representación del Ministerio Público Fiscal.
La jueza Brandan ordenó comunicar al gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, y a la presidencia de la Cámara de Senadores (Antonio Marocco) la sentencia. Pese a que el concurso estaba judicializado, el Consejo había enviado las ternas. Y el jefe de Estado provincial remitió los nombres al Senado, el 27 de diciembre.
Las selecciones recaían en María Edith Rodríguez, como jueza de la Sala II del Tribunal de Impugnación; Guillermo Akemeier, para juez de la Sala IV; Javier Armiñana Dorhmann, como segundo vocal; y Ezequiel Molinati para tercer vocal. Por lo pronto, el fallo detuvo la conformación del Tribunal de Impugnación. El proceso, luego de la selección del gobernador, debía ser tratado por el Senado. Esto se canceló.
Medir con la misma vara
De acuerdo a las fuentes consultadas, la demanda de Colombo radicó en “medir con la misma vara” a los concursantes. “Lo que resolvió la jueza Brandan Valy fue retrotraer todo al comienzo”, sostuvieron. Sin embargo, advirtieron que “el fallo no está firme”. Esto significa que el Consejo de la Magistratura podría apelar la sentencia.
“Afectación grave, arbitraria, manifiesta, potencialmente irreparable” a derechos constitucionales, dice el recurso de amparo presentado contra el Consejo de la Magistratura. Lo realizó el juez Ignacio Colombo, expediente 7276, representado por el abogado Oscar Loutayif. El concursante demandó “declarar nulos todos los actos administrativos” del organismo evaluador.
Originalmente, mediante notas al Consejo, Colombo sólo pidió conocer los parámetros evaluativos y los criterios de corrección, pues “no reflejaban una justa valoración”. En lugar de responderle, el organismo logró un escándalo institucional.
SENTENCIA
“Hacer lugar a la demanda… y en su mérito (de Colombo) declara la nulidad del acto de calificación de los exámenes escritos… (y) declarar la nulidad de las actuaciones” Hasta el viernes 4 de febrero, Colombo no apeló la medida. El Consejo de la Magistratura dispone hasta las 10 de la mañana del lunes7 de febrero para hacerlo.
COMO SE ELIGE
Gobernantes y legisladores son elegidos por el pueblo. En el caso de jueces y juezas, surgen -en el primer nivel- de evaluaciones y selecciones por parte de un organismo llamado Consejo de la Magistratura. Este confecciona una terna (conjunto de tres personas propuestas) para que el gobernador designe de entre ellas quien desempeñará una magistratura. La decisión del mandatario es enviada a la Cámara de Senadores, en donde generalmente se acepta la propuesta del Ejecutivo.
MALA IMAGEN
La Justicia no tiene buena imagen en Argentina y Salta. De acuerdo a un estudio, el 87 por ciento confía poco o nada en la imparcialidad de la Justicia. Y el 81 por ciento, poco o nada en su capacidad y eficiencia. Por último, el 82 por ciento de los consultados no cree en la honestidad de los integrantes del Poder Judicial. (Medición del índice de confianza en la Justicia (ICJ), realizada por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la Fundación Libertad y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella)