El fiscal general Pedro García Castiella pidió protección para él y sus funcionarios. Por la fuga del sicario Lino Moreno, asesino de Liliana Ledesma, reclamó juicio para un juez. Investigan si hay más jueces o fiscales cómplices.
Si gravísima es la fuga de un homicida, como también la denuncia contra un juez por parte del titular del Ministerio Público de Salta, que en conferencia de prensa este cuente acerca del pedido de custodia pues teme por su seguridad y la de sus subalternos, da cuenta de una situación “caliente”, peligrosa. Relacionada con el crimen organizado.
Un vendedor de cocaína rebajada puede ganar 300 mil pesos por mes. Un soborno a un agente de seguridad se arregla con 10 mil pesos. A un funcionario de peso, entre 200 mil y un millón de pesos. Las mafias delictivas manejan el triple del dinero del presupuesto de Salta. Entre la miseria y la corrupción, el crimen organizado se mueve con impunidad.
Hace trece años, el abogado Pedro García Castiella fue querellante en el juicio por el asesinato de Liliana del Valle Ledesma La pequeña productora de Salvador Mazza fue apuñalada el 21 de septiembre de 2006. En junio de 2010, Lino Ademar Moreno fue condenado a perpetua, como autor material de la cruenta muerte.
El domingo 18 de junio de este año, Moreno no regresó al penal de Orán, luego de un permiso de salida. El Servicio Penitenciario informó esto al juez Edgardo Osvaldo Laurenci. Pidió las actuaciones.
Recién el jueves 6 de julio, Laurenci resolvió revocar el beneficio que había concedido y ordenó a la policía que se constituya en el domicilio del cual se había escapado Moreno para proceder a su detención. “En caso de resultar negativo, se instruye su captura”, resolvió.
Poder criminal
García Castiella comenzó destacando la magnitud del crimen organizado. “Este fenómeno no se limita únicamente al tráfico de drogas; su nivel de organización, poderío y sofisticación los ha llevado a diversificarse en una suerte de ´polirubros´, involucrándose en una amplia gama de actividades delictivas, que incluyen robos, a menudo con características de extremada violencia, como así también sicariatos y mejicaneadas“
Subrayó:“estamos presenciando con mayor frecuencia situaciones de sicariato y ajustes de cuentas, lo que ha resultado en un aumento preocupante de muertes en la región”.
El procurador recordó las ejecuciones de Alejandro Jesús Avandillo (30), baleado a quemarropa en la boca y dejado en la guardia del Hospital de Oran, en mayo. Y José Luis Bejarano, cuyo cadáver fue encontrado dentro de su auto, espolvoreado con cocaína.
Asimismo mencionó el violento asalto a la empresa frutihortícola Abra El Sol (diciembre de 2022). Allí irrumpió un grupo comando, portando armas largas. Robaron 60 millones de pesos.
Según García Castiella, las numerosas investigaciones involucran mexicanadas y sicariatos, citando a un criminal fugitivo: el “Gringo Palavecino”. Destacó corrupción policial, como el caso de cuatro policías detenidos por presuntamente negociar sobornos a cambio de frustrar procedimientos ordenados por la Fiscalía.
Graves omisiones
El viernes 29 de septiembre, en conferencia de prensa, el fiscal general explicó los motivos para solicitar el jury contra el magistrado oranense. Fundamentó su acusación “en la falta de diligencia y el incumplimiento de los deberes”, describiendo que de haber sido correcta la actuación de Laurenci, “podría haber evitado las consecuencias actuales”.
Según el procurador, el juez faltó en:
1) La inmediata comunicación a la Policía de Salta para que se inserte en el orden del día el pedido de detención de Lino Ademar Moreno, lo que -según el escrito acusatorio- debió haberse hecho el mismo día de la noticia, incluso por teléfono.
2) La rápida comunicación a las autoridades nacionales de frontera, ante la más que probable eventualidad que Moreno hubiera decidido huir hacia Bolivia.
3) La inserción sin demora del pedido de captura en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFECOP).
Pedido de informes
García Castiella detalló que el 9 de agosto de 2023 solicitó informes a la Presidencia de la Corte de Justicia. Esta “inmediatamente proporcionó copias de los expedientes relacionados con el caso”.
Además, a la Fiscal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Orán, Claudia Carreras, solicitando información sobre su actuación en el caso. En igual sentido y el mismo día, se dirigió al Ministerio de Seguridad y Justicia a los fines de que remita copia de las actuaciones con las que cuenta el Servicio Penitenciario, las cuales fueron enviadas el 31 de agosto en respuesta a su solicitud.
Por último, al jefe de Policía de la Provincia, requiriendo información acerca de las medidas y acciones adoptadas para dar con el paradero del fugitivo. Según el procurador, hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta de este.
Garcia Castiella contó que su antecesor contaba con cuatro custodios, pero que el prescindió de estos. “Ahora solicito custodia”, sostuvo.
COMPLICIDAD OFICIAL
“Nada más alejado a bajar los brazos ante el crimen organizado en zonas calientes”, aseguró, el 8 de mayo de este año, el fiscal general en Orán. En septiembre de 2022, su antecesor, Abel Cornejo remarcó: “hay crimen organizado en la frontera, no cabe duda”. Y planteó: “¿hasta qué grado de penetración entra la corrupción en los organismos públicos?”
COMPROMISO
García Castiella enfatizó su determinación en la lucha contra el crimen organizado e hizo un llamado a que todos los jueces y magistrados en general, incluidos fiscales y demás funcionarios, “estén a la altura de estos desafíos, en defensa de la paz social, el cumplimiento de los juramentos al asumir sus cargos y el papel fundamental que la justicia debe desempeñar en la preservación de la paz social y el funcionamiento de las instituciones”
Y subrayó: “aquellos que no estén a la altura deberían pensar en otra actividad “