Según la fiscalía, detrás de la masacre a la joven madre hay que investigar el supuesto lavado de dinero y narcotráfico por parte de la conocida cadena de electrodomésticos. Para el viudo Nicolás Cajal y el “campana” Sergio Vargas se pidió cárcel efectiva.
Las sospechas que sobrevolaban desde el 27 de enero de 2017 se expresaron el viernes 21 de mayo abiertamente: el brutal femicidio de Jimena Salas escondería lavado de dinero y drogas; empresa y contrainteligencia criminal; conciencia forense; complicidades judiciales. Estos fueron algunos de los conceptos imputados ayer en los alegatos de la fiscala Ana Inés Salinas y sus pares Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio. Para Sergio Vargas, como supuesto cómplice del alevoso femicidio, se pidió al tribunal la pena de 12 años de prisión. En el caso del viudo Nicolás Cajal, cinco años y medio de cárcel efectiva. Y prisión preventiva.
La Asesora de Menores e Incapaces Claudia Mariela Flores Larsen, quien representa a las hijas de la víctima, adhirió al pedido de la Unidad Fiscal en cuanto a los montos de las penas solicitadas y pidió la privación de la responsabilidad parental de Cajal Gauffín respecto de sus dos hijas menores. De igual modo pidió Marta Verónica Aguilar Bossini, querellante y actora civil.
Marcelo Eduardo Arancibia y Luciano Romano, defensores de Sergio Vargas, y Pedro Arancibia por Nicolás Cajal, tras desacreditar las acusaciones e invocar el principio de inocencia, solicitaron las absoluciones “lisa y llana”.
El miércoles 26 de mayo a la siesta, el tribunal conformado por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman dará la sentencia.
“De perejil no tiene un pelo”
El fiscal Torres refirió al comienzo la noción criminológica de que ladrones comunes no roban en una vivienda al mediodía, y enfatizó que los asesinos de Jimena Salas llegaron “dispuestos a matar para llevarse el contenido del maletín”. Asimismo detalló la inteligencia “para la empresa criminal”. Por ejemplo la excusa del caniche perdido y los datos recolectados por Sergio Vargas, quien en el momento del asesinato habría hecho la guardia.
Destacó la necesidad de contrainteligencia, y las contradicciones de las declaraciones de Vargas, el supuesto vendedor ambulante que no vendía pero si preguntaba donde vivía Jimena Salas. De acuerdo al fiscal, Vargas estuvo junto al hombre que portaba el perrito. “De perejil no tiene un pelo”, remarcó.
Desviar la investigación
La fiscala Salinas describió las “conductas (de Cajal) para desviar la investigación”. Refutó al acusado acerca de que la escena del crimen estaba tal cual como la había encontrado al llegar desde su trabajo en la empresa Garbarino. Y subrayó el dato de que no se manchó con sangre, pese a las 57 puñaladas, nueve de ellas en el cuello.
“Las mentiras comienzan desde el hallazgo del cuerpo”, sostuvo. Refirió la “conducta fría y calculadora”, testimoniada por los investigadores. Y que el placard – de donde se extrajo el maletín en el cual se determinó la existencia de drogas y/o dinero- estaba con su puerta cerrada, pero con manchas de sangre. De acuerdo a Cajal, los asesinos nada se habían llevado.
“La escena fue alterada; las pericias odorológicas son indubitables; él obstruyó la investigación, trató de despistar a los investigadores”, dijo Salinas. Mencionó que Cajal omitió contar la desconexión de la alarma, como que fue quien planteó la hipótesis del robo frustrado. Y el uso del ardid del perrito, “cuando este dato todavía no se sabía”
Asimismo señaló la coincidencia de Cajal con la hipótesis del fiscal Pablo Paz (fiscal original de la investigación). “Pues era la línea que le convenía”, resaltó.
Conciencia forense
Los alegatos fiscales mencionaron “el plus de inteligencia” de Nicolás Cajal, formado como líder por Garbarino. En este sentido se mencionó que “tuvo conciencia forense”, tanto por la alteración de la escena del crimen como por la apresurada cremación del cadáver.
“No se sabe donde están las cenizas de Jimena”, y la mención de que Cajal al poco tiempo comenzó a vivir con otra mujer en la casa donde masacraron a Jimena dieron pie a sostener el “desdoblamiento de personalidad” del viudo.
El punto inédito de los fiscales fue cuando se refirió que Cajal “era intocable para la empresa”, para la cual trabaja desde hace casi 30 años. Se alegó la vulnerabilidad financiera de Garbarino, el sospechoso manejo de la “caja chica”, como así también se mencionó la vinculación de la empresa con el escándalo “Panamá Papers”, la fuga de capitales y el lavado de dinero.
Contra todos
Pedro Arancibia, abogado defensor del imputado Cajal Gauffín, pidió al tribunal la “absolución lisa y llana”
Su alegato prescindió de aportar contrapruebas, sino que se sustentó en catalogar de “falacia fiscal” a la acusación, como en denostar a la fiscala Salinas y sus pares Torres y Osorio; acusar al procurador Abel Cornejo de “animosidad” y a los medios de hacer “terrorismo mediático” y morbosidad.
“El juicio no es para investigar sino para evaluar las acusaciones”, sostuvo. Y consideró falsa la pericia realizada sobre el maletín, supuesto botín buscado por los asesinos de Jimena.
Por su parte, los abogados codefensores de Sergio Vargas, solicitaron su “absolución lisa y llana”. Luciano Romano contradijo a la fiscalía y exculpó a su cliente en relación a su supuesta actividad de vendedor callejero y los tiempos empleados el 27 de enero de 2017.
En tanto, Marcelo Arancibia, invocó “el sagrado principio de la defensa” para remarcar que Vargas “no ha participado ni estuvo involucrado” en el asesinato. “No se pudo determinar en que colaboró, no se aportaron pruebas de su participación intencional, nunca se pudo determinar que debía hacer Vargas para ser partícipe secundario. ¿Dónde se probó que Vargas ofreció acuerdo para ser cómplice?”, alegó el defensor.
GARBARINO
La acusación fiscal mencionó explícitamente en el juicio a la empresa Garbarino, de la cual Cajal es gerente en Salta desde hace más de 25 años. Tal como citaron los acusadores, la firma se encuentra citada en los “Panamá Papers”, los documentos de empresas lavadoras de dinero. Uno de los dueños – Daniel Carlos Garbarino – aparece con la sociedad Russelville Holding International, con un rasgo poco habitual: acciones al portador. Garbarino entró en crisis en 2017.
MUCHO PARA ALEGAR
Los alegatos comenzaron a las 8.45 y se extendieron hasta las 18.05 La sentencia se conocería el miércoles 26 de mayo a las 14.
NERVIOS
Cuando el fiscal Torres mencionó los antecedentes de la empresa Garbarino y su interés en la causa, pudo advertirse que la calma de Nicolás Cajal y su defensor se alteró notoriamente.
“EL UNO POR CIENTO”
Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Ramiro Ramos Osorio y Gustavo Torres Rubelt comenzaron su investigación dos años y medio después del homicidio, tras el sumario iniciado al fiscal original Pablo Paz. Torres sostuvo que ellos apenas pudieron aportar al 1 % de la investigación debido al mal trabajo anterior.
MENORES
La Tutora Oficial del Ministerio Pupilar, que representa a las pequeñas hijas de la víctima, adhirió al pedido fiscal en cuanto a los montos de las penas solicitadas y pidió la privación de la responsabilidad parental de Cajal Gauffín respecto de sus dos hijas menores. Por su parte, la Asesora de Menores e Incapaces adhirió también al pedido respecto a los dos imputados.