Al juicio llegaron nueve personas acusadas. El tribunal determinó que una piba mató a Rosa Sulca, pero como era menor se salvó de la perpetua. De los siete policías y operadores del 911 sólo uno deberá pagar una exigua multa.
Una mujer es asaltada dentro de su casa; pide ayuda a la Policía pero el auxilio naufraga. Sola, indefensa, aterrorizada, muere desangrada. Tres años después, el fallo de la justicia dejó la sensación de que cualquiera, si tiene menos de 18 años puede matarte en tu hogar. Y nadie te ayudará.
Sin menoscabar los criterios de los investigadores iniciales y el tribunal de la Sala VI, cabe preguntarse si los resultados hubiesen sido similares en el caso de una víctima residente en una mansión, ubicada dentro de un barrio privado o country. Salvando las distancias, el asesinato de la pobre Rosa nos recuerda el de Jimena Salas, en enero de 2017.
“¡Me están matando!”, clamó desesperada la maestra, en un llamado telefónico al 911. Dieciséis después, la encontraron asesinada dentro de su vivienda en Villa Mitre, un popular y antiguo barrio de la ciudad de Salta.
Se fueron
Rosa del Milagro Sulca tenía 48 años. La madrugada del martes 27 de abril fue asaltada para robarle. El fatal ataque lo realizaron una chica de 17 años y un joven de 19. Ambos, adictos a las drogas.
A 2.37, al Sistema de Emergencias ingresó una llamada. Del otro lado, una voz aterrorizada gritó “¡Me están matando!”. Luego habló otra mujer, joven, diciendo que su tía sufría problemas mentales.
Sin embargo, la operadora informó la situación. Tras cinco minutos, un patrullero arribó a la casa ubicada sobre la calle Amalia Aybar al 1400. Dos policías tocaron el timbre, golpearon las manos y llamaron a la puerta, infructuosamente. Trataron de comunicarse con el teléfono del cual provino el llamado de auxilio, pero tampoco hubo respuesta. Al no notar ningún movimiento en el interior de la vivienda, después de unos 10 minutos los policías se retiraron.
Posiblemente, en esos momentos, los atacantes se encontraban adentro. Y Rosa, muerta.
17 puñaladas
Alrededor de las 18 de aquel infausto martes, la Policía regresó al hogar. Una vecina de la maestra había llamado contando su sospecha de que algo grave pudo haber sucedido. Debido a que “en todo el día” no vio a Sulca, quien vivía sola. Y las luces continuaban encendidas.
En esta ocasión, los agentes no esperaron que alguien los atendiera e ingresaron a la vivienda por la fuerza. Hallaron a Rosa sobre su propia sangre derramada. Apuñalada.
La autopsia ordenada por el fiscal Gustavo Torres Rubelt concluyó que la mujer recibió, en el pecho, 17 puñaladas que terminaron con su vida. El miércoles fueron detenidos un joven de 19 años y una adolescente de 17. Acusados de homicidio criminis causa, con alevosía.
Asimismo, el por entonces procurador Abel Cornejo ordenó la constitución de una Unidad Fiscal – integrada por los fiscales Pablo Rivero y Verónica Simesen de Bielke – para investigar el accionar de los policías. Quienes acudieron a la casa y se retiraron al no ser atendidos.
PENAS
“Abi” fue declarada “responsable” del asesinato. Martín Oscar Laime fue absuelto lisa y llanamente del delito de encubrimiento agravado. El funcionario policial Héctor Roberto Herrera fue condenado a una multa de 12.500 pesos e inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un año.
DROGAS EN LA CÁRCEL
Durante el juicio se conoció que la joven ahora condenada consumía estupefacientes desde los 11 años de edad. Cuando declaró en la primera audiencia, dijo que estaba drogada y alcoholizada en el momento en que se dirigió a la casa de la víctima, aunque negó haberla matado. Dijo que había ido a robarle en compañía de su exnovio, sobreseído en la causa. El fin de ese robo habría sido la compra de estupefacientes.
Su abogado defensor – Miguel Fernando Páez – alegó que en el centro de menores la joven “había dejado el consumo de drogas”. Pero cuando fue trasladada a la Unidad Carcelaria Nº 4 (Penal de Mujeres) “volvió a las adicciones porque allí consigue estupefacientes”
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
“Lo que más nos afectó es la violencia institucional que sufrió Rosa Sulca, que podría haber sufrido cualquier otro ciudadano frente a la omisión de estos funcionarios. No se han logrado las condenas que esperábamos”, sostuvo Pablo Tort, abogado querellante.
Por su parte, Ana Fernández, presidenta de la Fundación Cintia Fernández, enfatizó: “No nos vamos conformes con la sentencia pero sí tengo que decir que el trabajo que hizo la Fundación, en un primer momento la doctora (abogada) Gabriela Rodríguez y después el doctor Pablo Tort, fue reivindicar la memoria de Rosa Sulca, y también poner en el tapete el incumplimiento de funcionarios públicos”