Por un lado, un dudoso abuso sexual simple contra una menor, que debía ser juzgado. Por el otro, el ataque al detenido, en domicilio y dentro de una cárcel, que terminó con su muerte.
Tarde del martes 27 de enero, barrio Francisco Arias – a ochocientos metros de la plaza principal de Joaquín González (Salta). La nena de diez años llamó a la puerta para ofrecer bollos caseros. José Antonio “Niti” Cuellar, de 52 años, quien la conocía a ella y su madre, la hizo pasar. A partir de entonces comienza una trama poblada de dudas, violencias y muerte.
De acuerdo a una vecina y un vecino, colindantes, la niña permaneció hora y media dentro de la vivienda del amigable cuentapropista. Soltero, vivía solo. Según los testigos, la niña salió normalmente.
Sin embargo, supuestamente la nena le contó a sus familiares que “Niti” había tocado su cuerpito infantil. La treintañera madre de la menor -presunta frecuentadora del hogar del soltero -como hermanos y vecinos llegaron hasta la vivienda del devenido abusador de nenas.
Entonces, la niña se habría tirado sobre la calle y gritado “¡me violó!”. Cascotazos hicieron que el hombre huyera por el fondo. Al derribar el acceso y no encontrarlo, los intrusos robaron sus pertenencias.
Luego, la turba fue hacia la casa de los familiares de Cuellar. Los gritos más delicados fueron “degenerado” Llegó la Policía y demoró al sospechoso. Al sacarlo, fue golpeado con un garrote en la cabeza. Dicen que dentro del furgón policial también fue castigado.
Entre idas y vueltas policiales para alojar al hombre, y tras comprobar que la niña no tenía lesiones ni había sido penetrada, la causa fue caratulada como “abuso sexual simple” (tocamientos) Y encerrado en el calabozo de la comisaría. Llegó con golpes comprobados.
Siete contra uno
En la celda había 30 presos, entre acusados por adicciones, choreos o peleas. Los policías metieron al supuesto toqueteador de nenas en el infame cuarto. Para las concepciones de los detenidos, el nuevo inquilino es “violín”, violador pedófilo. Ellos son padres de familia y el que viola a una nena es como si lo hiciera con su hija. Y debe pagar.
En los penales, los condenados por crímenes sexuales comparten el mismo pabellón y están separados de los otros internos. En la celda de Joaquín V. González fueron siete contra uno.
Trascendidos refieren que los policías contaron de una pelea, considerada habitual entre reclusos. No escucharon ni vieron nada más peligroso.
Aparentemente, los propios presos – tras el linchamiento y represalia sexual contra el acusado de abusador- llamaron a los efectivos. El hombre agonizaba.
Fue llevado al hospital. Murió una hora después.
Investigación
La fiscal penal 1 de Anta, en feria, María Celeste García Pisacic, informó avances en la investigación que se sigue por la muerte del hombre que se encontraba detenido en el marco de una causa por abuso sexual contra una menor, y que falleció en el hospital local luego de recibir asistencia médica.
Según la funcionaria, se solicitó la imputación de siete personas, todas ellas compañeras de celda del fallecido, acusados por otros delitos. Concluyó con una etapa de recepción de testimonios, durante la cual se tomaron numerosas declaraciones y se profundizó el relevamiento de indicios de interés para la causa.
Entre las medidas que continúan desarrollándose, se encuentran la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Con traslado de personal especializado desde la ciudad de Salta, tareas de inspección ocular, análisis de registros, pericias técnicas, secuestro y análisis de elementos de interés, ampliación de testimonios “y todas aquellas diligencias orientadas al esclarecimiento del hecho”
CUSTODIA
A partir de que una persona es detenida, pasa a estar bajo custodia del Estado. Rige desde entonces el artículo75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina. Contemplándose once tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
DIGNIDAD
“Nada de lo que haga una persona le hará perder su dignidad ni quedar desposeída de derechos” (Jurisprudencia)
SEIS MESES
La víctima mortal había sido acusada como autor de abuso sexual simple. La pena mínima es de seis meses. Ningún tribunal escuchó a la nena ni al acusado. Generalmente, estos acusados son identificados sin prisión.
AMONTONADOS
Según las fuentes, el calabozo donde fue atacado Cuellar mide cuatro por cuatro metros. Y había 30 detenidos.
Salta aparece entre las provincias con mayor cantidad de personas privadas de la libertad por habitante del país. Así lo revela el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, publicado en enero de 2026.
Según el relevamiento oficial, Salta registra una tasa de 267 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, un valor que supera la media nacional y coloca a la provincia dentro del grupo de distritos con mayor nivel de encierro.
